Es ampliamente conocido que desafortunadamente el Estado Colombiano es uno de los más corruptos del mundo y que este mal infecta prácticamente a TODAS las instituciones de la administración pública.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado en febrero de 2026, Colombia ocupa el puesto 99 entre 182 países evaluados. El país obtuvo una calificación de 37 puntos sobre 100, evidenciando una tendencia preocupante de deterioro, retrocediendo siete posiciones en el ranking global en un solo año, con una tendencia hacia el estancamiento y el retroceso, con una caída de 12 puestos desde 2023.
En el contexto regional, Colombia, desgraciadamente, se ubica en una posición media-alta en Latinoamérica, con una percepción negativa sobre la incidencia de la corrupción en el sector público.
Los informes de la organización Transparencia por Colombia, señalan que cualquier puntaje inferior a 50 revela debilidades significativas en la gestión pública.
Recordemos nuevamente y tengamos siempre presente, que este ORO CHATARRA incautado a la empresa AURUM ZF, y extinguido su dominio, con tantas irregularidades en sus sentencias de primera y segunda instancia, fue objeto de un PECULADO POR APROPIACIÓN, ya debidamente denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y ante la COMISIÓN DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES”, por estar involucrado potencialmente, un aforado constitucional y muy seguramente otros altos funcionarios de la RAMA JUDICIAL.
Es completamente aberrante que existan organizaciones criminales comprometidas en PECULADOS POR APROPIACIÓN INDEBIDA, tan bien estructuradas en Colombia compuestas por altos funcionarios del Estado, como la que se denuncia en este LIBRO, donde bien cae la frase: “Un latrocinio los conecta a todos”.
Es IMPOSIBLE, que empresas y ciudadanos del común, como AURUM ZF y sus socios, afectados por un grave LATROCINIO, puedan aspirar a obtener adecuada ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA por entidades, de las ramas del poder público tan CORROMPIDAS e interconectadas entre sí, concretamente la RAMA EJECUTIVA y la RAMA JUDICIAL, esta última con funcionarios corruptos de tal alto nivel, como un FISCAL GENERAL, denunciado, sin decir su nombre, por el mismo JEFE DE ESTADO, así como jueces del más alto nivel, como Magistrados de ALTOS TRIBUNALES y de la misma CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, todo lo anterior bajo el conocimiento del Presidente de la República, cuando en un consejo de ministros, transmitido a todo el país el 27 de mayo de 2025, al referirse a la SAE y en referencia a este robo del oro, dijo textualmente:
“…la SAE parece que tiene una historia truculenta, porque ahí hubo un robo de un fiscal general a legítimos propietarios…, eso es un problema de los jueces, …”
Esa presunta organización criminal que siguiendo la pie de la letra un MODUS OPERANDI ya descrito en este libro, penetró no solamente entidades estatales con antecedentes de CORRUPCION al más alto nivel, como la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES, SAE, si no otras como el BANCO DE LA REPUBLICA, la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, la POLICIA NACIONAL, pero lo más grave e indignante la RAMA JUDICIAL a sus más altos niveles, encabezado con un FISCAL GENERAL, que por los indicios, posteriormente fue “MINISTRO DE JUSTICIA”, y ese “cáncer de la corrupción”, se enquistó en lo profundo de las entrañas de la RAMA JUDICIAL, dando metástasis de tan nefasta enfermedad de la CORRUPCION, a fiscales especializados, jueces especializados, magistrados de TRIBUNAL SUPERIOR y lo más degradante, y deplorable, que sin duda da vergüenza y dolor de patria, MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, quienes demostraron, ellos y sus equipos de trabajo, que hicieron en este caso paradigmático todo aquello que NO debería hacer un juez honorable y que estudia, y que por ende lo convierte en CORRUPTO, por no consultar, no aplicar la lógica, la sana critica, la cultura general mínima, convirtiéndolos en NEGLIGENTES e IGNORANTES no excusables, por ende, reitero, en CORRUPTOS.
Como se anotó al comienzo de este libro, en su PREFACIO, aunque en Colombia, existen Tribunales especiales y entidades específicas para vigilar y juzgar a los funcionarios públicos y de la RAMA JUDICIAL, como seria la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES y la “COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL”, estas son entidades que pocas veces sanciona a funcionarios corruptos, ignorantes y negligentes, pues la mayoría de los funcionarios que en ellas laboran, siempre están buscando la manera de exonerarlos de cualquier culpa a toda costa, calificando esas conductas criminales, bajo el eufemismo de “conducta atípica”, influenciados en un insano e injusto colegaje, que ofende y viola gravemente los derechos humanos básicos de los ciudadanos afectados.
La única y final opción que le queda a empresas y ciudadanos como AURUM ZF y sus socios como afectados por este latrocinio, es acudir a instancias de DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS de índole internacional, mientras el Estado colombiano aun tenga vigentes tratados mediante los cuales los ciudadanos puedan acudir como última instancia, para la defensa de sus legítimos derechos.
La COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS conocerá con nombres propios, la pésima preparación académica de altos funcionarios de la RAMA JUDICIAL de COLOMBIA y de sus cuestionables cualidades éticas y morales.
¡QUE VERGÜENZA, QUE DOLOR DE PATRIA!